Cada vez mas cerca...
Mientras la Consellería aplica la táctica del avestruz, negando la violencia en los centros...
El director del colegio público de Os Tilos (Santiago) ha sufrido una grave agresión en su despacho por la madre de un alumno. Según noticias publicadas la madre se presentó en la instalaciones del centro y, sin mediar ningún tipo de discusión, agredió al docente de una manera violenta causándole lesiones y siendo reducida por otros trabajadores del centro.
El docente fue atendido, en primera atención, en el centro de salud de la localidad y posteriormente se le trasladó al hospital clínico para realizar una revisión más completa y descartar posible lesiones internas.
El director presentó denuncia de los hechos y próximamente se convocará el Consejo escolar del centro para analizar estos hechos.
Piden que los padres de los alumnos paguen las horas extra de los profesores que vigilan los castigos
La Unión Democrática de Estudiantes (UDE), representada en el Consejo Escolar de Madrid, propondrán hoy, en la Comisión de Convivencia del Consejo, que sean los padres de los alumnos sancionados los que asuman el coste de las horas extra de los profesores que vigilan el cumplimiento de las sanciones fuera de su horario. La UDE basa esta petición en el hecho de que los padres son los únicos responsables de los actos de sus hijos, y que este tipo de medidas ‘contribuyen a incentivar que se imponga el respeto al profesor desde casa’.
Ahora en Galicia también será delito
A Fiscalia Xeral de Galicia, responde á solicitude do Defensor do Profesor, e pasa a considerar como atentado á autoridade as agresións a docentes.
O Fiscal Xeral de Galicia , contesta á solicitude formulada por ANPE e o Defensor do Profesor recoñecendo a consideración de autoridade pública para os docentes galegos durante o exercicio da súa función, logrando así que calquera agresión a un profesor pase de falta a delito.
Con este recoñecemento ANPE OURENSE e o Defensor do Profesor ven recompensados os seus esforzos e o traballo de concienciación que conjuntamente veñen realizando para mellorar a valoración social do docente. Reiteramos unha vez máis o noso compromiso exclusivo co profesorado do ensino público.
Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar
El Gobierno central está asentando las bases para la creación un Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, un órgano adscrito al Ministerio de Educación con carácter consultivo. Dicho órgano estará formado por 48 miembros, asegurando la paridad, y estará compuesto por:
6 altos cargos de Educación
8 nombrados a dedo por el Gobierno de turno
5 para diferentes miembros de diversos departamentos del Gobierno
18 para agentes educativos
6 para las comunidades autónomas
4 para defensores del Menor y del Pueblo
1 para asociaciones
Atendiendo a los cargos que dispondrá el futuro Observatorio, leemos claramente como el Gobierno copa la mayoría de los puestos de este órgano. Se reserva la posibilidad de incorporar a algún miembro, que por su experiencia o conocimientos pueda aportar cosas nuevas, eso sí con voz, pero sin voto.
El objetivo básico del mismo, es velar por una convivencia pacífica y ordenada en los centros educativos, poniendo especial énfasis en evitar situaciones de abusos o discriminación por causas de sexo, raza, religión.
El documento para su creación consta de 8 folios, 10 artículos, que se han remitido a las diferentes comunidades autónomas para su debate. Este borrador de Real Decreto va a la par de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y en concreto de su artículo 121.2 (Autonomía de los centros. Sobre el Proyecto Educativo. Dicho proyecto que deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado, a la función tutorial, así como el plan de convivencia y deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, Reguladora del derecho a la Educación.
Una juez tramita por primera vez la agresión de los padres de un alumno a dos profesores como un delito de atentado
Una juez de Barcelona ha abierto este jueves unas nuevas diligencias por un presunto delito de atentado –castigado con penas de entre uno y tres años de prisión– a los padres de un alumno que agredieron y amenazaron a dos profesores y un conserje del colegio Eduard Marquina.La magistradaha accedido a la petición del fiscal y de la acusación particular de que el caso se tramite como un delito, y no como una falta. Se trata del primer caso después de que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, ordenara a los fiscales que tipificaran como atentado las agresiones a profesionales de la enseñanza y de la sanidad.
La fiscal y la abogada de la acusación particular –ejercida por la Generalidad porque los demandantes son funcionarios de esta administración– pidieron a la juez de instrucción número 33 de Barcelona, que tiene previsto citar a declarar próximamente a los agresores y a los demandantes, que abriera diligencias previas por delito de atentado y ésta ha decidido este jueves aceptar la petición.
Este es el primer caso conocido en que una juez abre diligencias por delito de atentado por una agresión a profesores, después que el pasado 14 de noviembre el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, ordenara a los fiscales que tipificaran como atentado las agresiones a profesionales de la enseñanza y de la sanidad.
Según fuentes judiciales, los dos padres están acusados de agredir y amenazar de muerte a la directora, la jefa de estudios y a un conserje del centro educativo tras entablar una discusión con ellos. Al parecer, los padres exigían que a su hijo, que cursa educación infantil, le permitieran entrar una hora antes del horario establecido.
El Código Penal recoge que las penas por atentado pueden conllevar de uno a tres años de prisión "a los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza con ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".
Si, además, el atentado se considera que es contra una autoridad, las penas previstas son de entre dos y cuatro años de cárcel.
Solicitud de ANPE a la Fiscalía General del Estado
ANPE solicita formalmente al Fiscal General del Estado la consideración de autoridad pública para los profesores en el ejercicio de su función.
Las recientes instrucciones de los Fiscales Jefes de Cataluña y Andalucía, que el mismo Fiscal General ha respaldado, vienen a corroborar una demanda que ANPE fue la primera organización en exigir.
Nicolás Fernández Guisado, Presidente Nacional de ANPE, ha remitido en la mañana de hoy viernes 17 de noviembre una instancia al Fiscal General del Estado, en la que solicita formalmente la consideración de autoridad pública para los docentes en el ejercicio de su función, en consonancia con las recientes instrucciones dictadas por los Fiscales Jefes de Cataluña y Andalucía.
En concreto, ANPE solicita que se arbitren desde la Fiscalía General del Estado las medidas necesarias, para que se persigan con la consideración de atentado a la autoridad todos aquellos casos de agresiones al profesorado en el desempeño de su función docente, y se confiera a los funcionarios docentes la categoría de Autoridad Pública en el ejercicio de su función.
ANPE viene denunciando ante las Administraciones Educativas desde hace ya varios años que las agresiones a los profesionales de la enseñanza, además del menoscabo de su integridad física y moral, perturban la función pública que ejercen, y entorpecen derechos fundamentales de los miembros de la comunidad educativa: el derecho de los profesores a enseñar y el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en un contexto favorable para el respeto y la convivencia.
Los datos correspondientes a las llamadas de docentes al servicio Defensor del Profesor (nacional) – 2400 en un año de funcionamiento- no han hecho sino reafirmar nuestra convicción de que es precisa la adopción inmediata de medidas que refuercen la autoridad del profesor.
En este sentido ANPE- Sindicato de profesores considera que las agresiones a los profesionales que ejercen las funciones públicas de educación merecen la más severa respuesta jurídico-penal, en defensa y protección de bienes jurídicos, tanto individuales como colectivos.
Esperamos no sólo de la Fiscalía General del estado, sino de las Administraciones educativas, las actuaciones necesarias para dignificar la labor docente, y el imprescindible reconocimiento de su importancia para la sociedad.
A Xustiza recrimina á Mesa a súa persecución aos mestres e inspectores
O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) recriminou á Mesa pola Normalización Lingüística a súa actitude no recurso contencioso-administrativo interposto por esta entidade sobre uns supostos incumprimentos da Inspección de Educación no uso do galego nas aulas. O tribunal recorda a este organismo que o seu cometido responde «á defensa do proceso de normalización do idioma galego, e non o de perseguir a profesores, inspectores, alumnos e país no ámbito educativo; nin substituílos, xa que non existe constancia de ningunha denuncia presentada por alumnos ou pais contra os centros ou profesores presuntamente infractores, sendo só eles os titulares de tal dereito lingüístico».
Na sentenza, a Sección Primeira do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia destaca que o recurso da Mesa «é inadmisible» ao pretender, «unicamente, que a Sala faga unha declaración de reprobación da política lingüística da Xunta, función que non corresponde a un tribunal de Xustiza».
O asunto remóntase a xaneiro e febreiro do 2004, cando aMesa denunciou presuntos incumprimentos do decreto 247/ 95 -sobre o uso do galego nas aulas- por parte da Inspección de Educación, polo que solicitaba á consel1ería que tomase as correspondentes medidas para a subsanación desas supostas irregularidades; e se fose o caso, impoñer as medidas sancionadoras oportunas.
Ante o silencio da Xunta, a Mesa anunciou o recurso contencioso-administrativo, no que acusaba a Aministración de deixación continuada de funcións.
O tribunal recorda tamén que a Mesa «pretende unha declaración de que a Administración fixo deixación de funcións e que se lle condene ao cumprimento das obrigacións do decreto 247/ 95, que non poden ser obxecto do recurso porque non caben sentenzas meramente declarativas, e moito menos que digan algo tan obvio como que a Administración está suxeita ao ordenamento xurídico».
O presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón denunciou ante o rexistro da Consellería de Educación no 2004 a vinte inspectores «por neglixencia na defensa dos dereitos lingüísticos do estudiantado». Outras organizacion filonacionalistas tamén teñen denunciado a profesores se ensino secundario de Compostela con pasquins nos que figuraban nomes que recordaban os peores momentos da propaganda nazi.
A Sala Primeira do TSXG recorda aos recurrentes que «carecen de lexitimación para solicitar que se abran expedientes sancionadores aos inspectores e docentes».
