Solicitud de ANPE a la Fiscalía General del Estado
ANPE solicita formalmente al Fiscal General del Estado la consideración de autoridad pública para los profesores en el ejercicio de su función.
Las recientes instrucciones de los Fiscales Jefes de Cataluña y Andalucía, que el mismo Fiscal General ha respaldado, vienen a corroborar una demanda que ANPE fue la primera organización en exigir.
Nicolás Fernández Guisado, Presidente Nacional de ANPE, ha remitido en la mañana de hoy viernes 17 de noviembre una instancia al Fiscal General del Estado, en la que solicita formalmente la consideración de autoridad pública para los docentes en el ejercicio de su función, en consonancia con las recientes instrucciones dictadas por los Fiscales Jefes de Cataluña y Andalucía.
En concreto, ANPE solicita que se arbitren desde la Fiscalía General del Estado las medidas necesarias, para que se persigan con la consideración de atentado a la autoridad todos aquellos casos de agresiones al profesorado en el desempeño de su función docente, y se confiera a los funcionarios docentes la categoría de Autoridad Pública en el ejercicio de su función.
ANPE viene denunciando ante las Administraciones Educativas desde hace ya varios años que las agresiones a los profesionales de la enseñanza, además del menoscabo de su integridad física y moral, perturban la función pública que ejercen, y entorpecen derechos fundamentales de los miembros de la comunidad educativa: el derecho de los profesores a enseñar y el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en un contexto favorable para el respeto y la convivencia.
Los datos correspondientes a las llamadas de docentes al servicio Defensor del Profesor (nacional) – 2400 en un año de funcionamiento- no han hecho sino reafirmar nuestra convicción de que es precisa la adopción inmediata de medidas que refuercen la autoridad del profesor.
En este sentido ANPE- Sindicato de profesores considera que las agresiones a los profesionales que ejercen las funciones públicas de educación merecen la más severa respuesta jurídico-penal, en defensa y protección de bienes jurídicos, tanto individuales como colectivos.
Esperamos no sólo de la Fiscalía General del estado, sino de las Administraciones educativas, las actuaciones necesarias para dignificar la labor docente, y el imprescindible reconocimiento de su importancia para la sociedad.
Las recientes instrucciones de los Fiscales Jefes de Cataluña y Andalucía, que el mismo Fiscal General ha respaldado, vienen a corroborar una demanda que ANPE fue la primera organización en exigir.
Nicolás Fernández Guisado, Presidente Nacional de ANPE, ha remitido en la mañana de hoy viernes 17 de noviembre una instancia al Fiscal General del Estado, en la que solicita formalmente la consideración de autoridad pública para los docentes en el ejercicio de su función, en consonancia con las recientes instrucciones dictadas por los Fiscales Jefes de Cataluña y Andalucía.
En concreto, ANPE solicita que se arbitren desde la Fiscalía General del Estado las medidas necesarias, para que se persigan con la consideración de atentado a la autoridad todos aquellos casos de agresiones al profesorado en el desempeño de su función docente, y se confiera a los funcionarios docentes la categoría de Autoridad Pública en el ejercicio de su función.
ANPE viene denunciando ante las Administraciones Educativas desde hace ya varios años que las agresiones a los profesionales de la enseñanza, además del menoscabo de su integridad física y moral, perturban la función pública que ejercen, y entorpecen derechos fundamentales de los miembros de la comunidad educativa: el derecho de los profesores a enseñar y el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en un contexto favorable para el respeto y la convivencia.
Los datos correspondientes a las llamadas de docentes al servicio Defensor del Profesor (nacional) – 2400 en un año de funcionamiento- no han hecho sino reafirmar nuestra convicción de que es precisa la adopción inmediata de medidas que refuercen la autoridad del profesor.
En este sentido ANPE- Sindicato de profesores considera que las agresiones a los profesionales que ejercen las funciones públicas de educación merecen la más severa respuesta jurídico-penal, en defensa y protección de bienes jurídicos, tanto individuales como colectivos.
Esperamos no sólo de la Fiscalía General del estado, sino de las Administraciones educativas, las actuaciones necesarias para dignificar la labor docente, y el imprescindible reconocimiento de su importancia para la sociedad.
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